Organizaciones campesinas alertan sobre cambios regulatorios, falta de controles públicos y posibles riesgos para las semillas criollas de la región
Redactor: Camila Herrera R.
Editor: Eduardo Schmitz
Los cambios regulatorios adoptados en varios países de América Central están facilitando la investigación, comercialización, circulación y uso agropecuario de organismos genéticamente modificados. Organizaciones campesinas y ambientales advierten que esta apertura avanza sin suficiente información pública y sin una aplicación efectiva del principio de precaución.
Los organismos transgénicos son plantas, granos, microorganismos u otros seres vivos cuyo material genético ha sido modificado mediante técnicas de ingeniería genética para incorporar características que no poseen de forma natural. En la agricultura, estas herramientas permiten desarrollar cultivos resistentes a determinadas plagas o tolerantes a herbicidas.
El debate regional no se limita a las posibilidades productivas de la biotecnología. También abarca sus posibles efectos sobre la salud, el ambiente, la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la capacidad de los agricultores para conservar e intercambiar sus propias semillas.
La discusión centroamericana forma parte de un escenario internacional en el que los países están revisando sus normas sobre desarrollos genéticamente modificados y biotecnología agrícola, con posiciones diferentes respecto a la evaluación de riesgos, la trazabilidad y el acceso al mercado.
Honduras abrió el camino al maíz transgénico
Honduras es considerado el país pionero de América Central en la incorporación de organismos genéticamente modificados. En 2002 autorizó el cultivo de siete variedades de maíz transgénico tolerante a herbicidas y permitió también el cultivo de arroz.
Un informe publicado en 2024 por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina calculó que los organismos genéticamente modificados ocupaban en Honduras unas 55.000 hectáreas de maíz Bt, resistente a determinados insectos y tolerante al glifosato.
En mayo de 2023, el país aprobó además un reglamento general de semillas, amparado en la Ley General de Sanidad Agropecuaria y respaldado por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. La norma prohíbe el uso de semillas no certificadas, una disposición rechazada por organizaciones sociales que defienden el intercambio y la conservación de variedades nativas.
Estas organizaciones consideran que las regulaciones basadas exclusivamente en semillas certificadas pueden aumentar la dependencia de las variedades comerciales y de los paquetes tecnológicos asociados, incluidos fertilizantes, herbicidas y otros insumos agroquímicos.
Guatemala investiga maíz y alimentos escolares
En Guatemala, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria rastrea el destino de 800.000 toneladas métricas de maíz que ingresaron al país en 2025 mediante exoneraciones arancelarias y que posteriormente fueron distribuidas entre agricultores como ayuda alimentaria.
La organización sospecha que parte de ese maíz podría contener material genéticamente modificado. Su coordinador, David Paredes, indicó que la red mantiene un seguimiento del producto para establecer sus características y su destino final.
La entidad también investiga la entrega de atoles importados de Estados Unidos en aproximadamente 450 escuelas guatemaltecas por parte del Programa Mundial de Alimentos. Las bebidas fueron elaboradas con soya que, según las organizaciones, podría proceder de cultivos modificados genéticamente.
Dirigentes indígenas trabajan en la recolección de muestras que serán enviadas a laboratorios en México para determinar si contienen organismos genéticamente modificados. Las pruebas permitirían establecer si los productos distribuidos en las escuelas y comunidades incluyen ingredientes transgénicos.
Oficialmente, Guatemala no registra cultivos comerciales transgénicos. Un decreto presidencial de 2014 frenó su adopción para la agricultura y la producción de alimentos, aunque el país permite la realización de ensayos de campo.
El Salvador analiza un posible cruce con maíz criollo
La Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador investiga desde mayo un posible cruce entre un maíz transgénico y una variedad criolla. De confirmarse mediante análisis de laboratorio, sería el primer caso detectado de esta naturaleza en el país.
El agroecólogo Carlos Cotto explicó que el polen del maíz puede desplazarse mediante el viento, abejas, insectos y otros animales. Este proceso permitiría que una parcela transgénica transfiera material genético a cultivos híbridos o nativos ubicados en terrenos vecinos.
El agricultor propietario de la parcela investigada decidió destruir voluntariamente el cultivo ante el riesgo de propagación y sustituir la semilla. Las organizaciones esperan realizar pruebas de laboratorio para confirmar o descartar la presencia de material transgénico.
La preocupación se concentra en las variedades criollas conservadas durante generaciones por las familias campesinas. Estas semillas pueden volver a utilizarse en sucesivos ciclos agrícolas, por lo que un cruce no controlado podría alterar su patrimonio genético y afectar los sistemas tradicionales de reproducción.
Cotto señaló que empresas internacionales comercializan semillas en El Salvador, entre ellas productos de la marca Dekalb, perteneciente a Bayer. Añadió que algunos materiales son promocionados como híbridos fortalecidos con biotecnología y suelen venderse junto con paquetes de insumos agrícolas.
El país cuenta con un reglamento derivado de la Ley de Medio Ambiente que establece procedimientos para controlar el ingreso de organismos genéticamente modificados mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, no existen datos públicos suficientes para conocer qué productos han sido autorizados ni cómo se están ejecutando los controles.
La prohibición expresa de introducir semillas transgénicas en El Salvador desapareció en 2008, cuando fue derogado el artículo 30 de la Ley de Semillas.
Un reglamento regional facilita la circulación
Guatemala, Honduras y El Salvador avanzaron en la armonización de sus normas mediante el Reglamento Técnico de Bioseguridad para Organismos Vivos Modificados para Uso Agropecuario, creado en 2018 dentro del Consejo de Ministros de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana.
El reglamento establece procedimientos para autorizar la investigación, producción, comercialización y movimiento de organismos vivos modificados entre los países participantes. Aunque contempla evaluaciones de riesgos, organizaciones sociales sostienen que estas revisiones no se aplican de manera sistemática.
Las reformas orientadas a simplificar trámites administrativos también han reducido barreras para el ingreso y la circulación de productos genéticamente modificados. Los gobiernos presentan esas medidas como mecanismos para agilizar el comercio, mientras sus críticos consideran que disminuyen los controles de bioseguridad.
El debate regulatorio también incluye la diferencia entre transgénicos tradicionales y cultivos obtenidos mediante edición genética. Los primeros incorporan material genético procedente de otro organismo, mientras que las herramientas de edición modifican regiones específicas del ADN del propio cultivo.
Costa Rica simplifica las reglas para la edición genética
Costa Rica modificó sus regulaciones sobre biotecnología agrícola y considera a determinados organismos genéticamente editados como equivalentes a los productos convencionales. El país estableció además procedimientos simplificados para solicitudes relacionadas con transformaciones vegetales individuales o complejas.
Actualmente se desarrolla en territorio costarricense una variedad de banano editado genéticamente para resistir enfermedades como la sigatoka negra y el Fusarium. La investigación refleja el avance de técnicas de precisión que ya se utilizan en otros cultivos, como el lupino blanco editado para resistir enfermedades fúngicas.
Costa Rica ha autorizado la producción de semillas transgénicas de algodón y soya destinadas exclusivamente a la exportación, además del cultivo de piña rosa modificada genéticamente. El maíz transgénico no ha sido aprobado debido a la oposición mantenida por organizaciones de la sociedad civil.
Panamá importa granos modificados para alimentación animal
Panamá importó en 2024 productos agrícolas procedentes de Estados Unidos por un valor total de 871,8 millones de dólares. De esa cantidad, 226,8 millones correspondieron a maíz, granos secos de destilería con solubles, soya y harina de soya destinados principalmente a la alimentación animal.
El país importa maíz, soya y harina de soya genéticamente modificados desde Estados Unidos, Argentina, Brasil y Paraguay. No obstante, las autoridades panameñas no exigen que esas importaciones sean notificadas específicamente como productos transgénicos.
En 2023 entró en vigor la Ley 352, que establece la Política Agroalimentaria del Estado e incorpora la adopción de nuevas tecnologías para la producción agrícola, incluidos productos genéticamente modificados.
Las modificaciones regulatorias reflejan una apertura progresiva de América Central a diferentes herramientas de ingeniería genética. Para las organizaciones campesinas, el punto crítico es que la introducción de estas tecnologías esté acompañada por evaluaciones independientes, información pública, trazabilidad y medidas destinadas a proteger las semillas nativas y la biodiversidad agrícola.
Fuente(s) referenciales
