Argentina dispone de recursos eólicos, solares y bioenergéticos de alto valor, pero la volatilidad económica, el riesgo país y la falta de crédito dificultan convertir proyectos técnicamente viables en inversiones ejecutables
Redactor: Luis Ortega
Editor: Eduardo Schmitz
Argentina cuenta con condiciones naturales favorables para ampliar la generación de energía renovable, pero las pequeñas y medianas empresas encuentran serias dificultades para financiar proyectos de menor escala. La falta de crédito a largo plazo, las restricciones cambiarias, la volatilidad macroeconómica y el elevado riesgo país limitan la concreción de iniciativas que ya disponen de recursos y capacidad técnica.
Martín Pagliaro, ingeniero especializado en el sector y director de Mercados Renovables SRL, destacó que el país posee algunos de los mejores factores de capacidad eólica del mundo en la Patagonia, radiación solar de nivel internacional en el noroeste argentino, reservas estratégicas de litio y posibilidades de desarrollo en hidrógeno verde, biomasa y biogás.
Ese potencial se inserta en un escenario internacional en el que las tecnologías limpias redujeron sus costes y mejoraron su competitividad. En 2025, el 90 % de los nuevos proyectos renovables incorporados en el mundo resultó más económico que sus alternativas basadas en combustibles fósiles, una tendencia que también permitió que las energías renovables evitaran elevados costes fósiles en numerosos mercados.
Sin embargo, disponer de viento, radiación solar, biomasa o terrenos adecuados no garantiza por sí solo el acceso a capital. Para las pymes argentinas, la principal dificultad consiste en transformar una oportunidad técnica en un proyecto preparado para superar evaluaciones financieras, jurídicas, ambientales y contractuales.
Un proyecto viable no siempre está preparado para recibir inversión
Pagliaro señaló que existe una diferencia sustancial entre un proyecto técnicamente viable y uno considerado investment ready, es decir, suficientemente maduro para recibir financiamiento externo. La segunda condición exige una estructura que permita demostrar cómo se construirá, operará y repagará la inversión.
Entre los elementos requeridos se encuentran contratos sólidos, trazabilidad regulatoria, garantías, mecanismos de mitigación de riesgos, análisis de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, compradores de energía confiables y modelos financieros auditables.
La Agencia Internacional de Energías Renovables ha advertido sobre la escasez de proyectos correctamente estructurados desde el punto de vista financiero y contractual. Esa debilidad afecta especialmente a desarrolladores regionales y empresas medianas que poseen conocimiento técnico, activos o recursos energéticos, pero carecen de equipos especializados para organizar una operación financiable.
La situación muestra que el desafío de la transición energética no depende exclusivamente de la disponibilidad de tecnología. También requiere instituciones, reglas estables, planificación y mecanismos de inversión capaces de distribuir los beneficios, una dimensión relacionada con el debate sobre por qué las renovables necesitan condiciones económicas y sociales adecuadas para sostener una transformación productiva.
Los costes de la energía solar y eólica cayeron desde 2010
La reducción del coste de las tecnologías constituye una de las principales oportunidades para ampliar el mercado. Desde 2010, el coste nivelado de la electricidad producida por paneles fotovoltaicos disminuyó 89 %, mientras que el correspondiente a los aerogeneradores terrestres cayó 71 %.
Esta evolución convirtió a la energía solar y eólica en alternativas competitivas para empresas, industrias, explotaciones agropecuarias y sistemas eléctricos. Además de disminuir emisiones, los proyectos pueden generar empleo, atraer inversiones y abrir mercados vinculados con montaje, mantenimiento, almacenamiento, digitalización y fabricación de componentes.
El acceso al financiamiento continúa siendo decisivo incluso cuando la tecnología ya es competitiva. Una planta solar, un parque eólico o una instalación de biogás exige una inversión inicial elevada, mientras que los ingresos suelen distribuirse durante años mediante la venta de electricidad, combustibles renovables o servicios energéticos.
Experiencias regionales muestran que las condiciones crediticias pueden determinar la ejecución de la infraestructura. La construcción de una planta solar financiada con un préstamo internacional en El Salvador refleja el papel que desempeñan los plazos de pago, los periodos de gracia y las tasas de interés en el desarrollo de proyectos renovables.
Argentina tiene 7850 megavatios de potencia renovable instalada
Argentina incorporó energías renovables mediante iniciativas como el programa estatal RenovAr y los contratos entre privados del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables, conocido como MATER.
De acuerdo con datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, la potencia instalada correspondiente a estas tecnologías alcanza 7850 megavatios y representa 17 % de la capacidad total del país.
Pagliaro indicó que, ante las proyecciones de la demanda eléctrica argentina para 2030, la capacidad disponible tendrá que aumentar en aproximadamente 16.000 megavatios. Parte de esa expansión podría cubrirse con diferentes combinaciones de fuentes renovables.
El especialista calculó que existen más de 3000 megavatios asociados con proyectos que podrían desarrollarse en el corto plazo. La posibilidad de concretarlos dependerá de que el país establezca incentivos, condiciones regulatorias y estructuras financieras capaces de acompañar el ritmo de expansión requerido.
La biomasa y el biogás necesitan reglas específicas
El marco regulatorio no debería concentrarse exclusivamente en la generación intermitente procedente del sol y del viento. Pagliaro sostuvo que también resulta necesario promover el aprovechamiento energético de la biomasa, el biogás y el biometano.
Estas fuentes pueden utilizar residuos agrícolas, ganaderos, forestales o agroindustriales para producir electricidad, calor o combustibles gaseosos. A diferencia de la generación solar y eólica, la bioenergía puede administrarse y almacenarse con mayor flexibilidad, siempre que exista un suministro estable de materia orgánica y una infraestructura adecuada.
El experto cuestionó la falta de avances en la reglamentación del biogás y el biometano en Argentina. Consideró que las señales legislativas deberían facilitar la inyección de biometano en la red de gasoductos, una posibilidad que ya resulta técnicamente compatible con la normativa vigente.
Como alternativa, propuso evaluar un porcentaje obligatorio de biometano mezclado con el gas fósil que circula por la red. Alemania inyecta hasta 10 % de biogás en determinados ductos, mientras Suecia y Finlandia combinan la inyección en redes con la transformación del recurso en biogás licuado.
La incorporación de biomasa y biogás puede resultar especialmente relevante para empresas agropecuarias y agroindustriales que generan residuos orgánicos. No obstante, su aprovechamiento requiere plantas de tratamiento, contratos de suministro, sistemas de depuración, conexión a redes y certidumbre sobre las condiciones comerciales.
Los proyectos ofrecen retornos moderados y requieren plazos largos
Los proyectos de generación renovable y bioenergía son intensivos en capital y suelen ofrecer retornos graduales. Pagliaro estimó que las tasas de retorno pueden oscilar entre 10 % y 15 % en los mejores casos, por lo que las soluciones financieras deben estructurarse en horizontes compatibles con inversiones importantes y flujos de fondos moderados.
Esta característica dificulta financiarlos mediante créditos comerciales de corto plazo o con tasas elevadas. Aunque numerosas empresas disponen de capacidad técnica y activos estratégicos, no cuentan con una estructura financiera que permita presentar garantías, ordenar los ingresos futuros o cumplir los requisitos de los inversores.
El mercado de capitales argentino incorporó instrumentos relacionados con las finanzas sostenibles y los bonos verdes. Sin embargo, el acceso continúa concentrado en grandes compañías, mientras las empresas medianas tienen mayores dificultades para afrontar costes de estructuración, auditorías, asesoramiento jurídico y evaluaciones de riesgo.
Las plataformas internacionales podrían aportar recursos. Pagliaro mencionó la Plataforma de Financiación para la Aceleración de la Transición Energética y la Plataforma de Inversión Climática, desarrollada junto con instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Verde para el Clima.
El capital internacional busca oportunidades renovables, pero exige que los proyectos sean compatibles con estándares de inversión verificables. Para los desarrolladores argentinos, esto implica traducir el potencial energético en documentación técnica, contratos, permisos, modelos financieros y mecanismos de protección frente a cambios económicos o regulatorios.
El leasing podría reducir la inversión inicial
El leasing financiero u operativo aparece como una herramienta que podría ampliar el acceso de las pymes a tecnologías renovables. Este modelo permite utilizar equipamiento durante un periodo determinado a cambio de pagos periódicos, sin asumir desde el comienzo la totalidad de la inversión.
En Argentina, el leasing se emplea de manera limitada y se concentra en determinados sectores, entre ellos el agro para la compra de maquinaria. Su aplicación a sistemas solares, equipos de eficiencia energética, biodigestores o instalaciones de generación distribuida podría reducir la barrera del desembolso inicial.
El modelo también permitiría vincular el pago con los ahorros energéticos o con los ingresos producidos por la propia instalación. Para lograrlo se necesitan contratos claros, proveedores capaces de asumir la inversión, garantías adecuadas y reglas estables durante toda la vida útil del proyecto.
Pagliaro concluyó que la mayor parte del financiamiento sofisticado permanece concentrada en grandes actores. La principal cuenta pendiente es democratizar el acceso a estructuras financieras profesionales para que las pymes y los desarrolladores regionales puedan convertir recursos renovables disponibles en proyectos operativos.
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