En Colombia la percepción de las semillas manipuladas genéticamente está representada en dos bandos, los que aprueban su uso y los que no. En cada bando hay políticos, investigadores, agricultores, funcionarios públicos y tomadores de decisión que no logran ponerse de acuerdo.
Por: Ximena Serrano Gil y Mara Brugés Polo
Un buen desayuno colombiano incluye las típicas arepas de maíz, envueltos y otros amasijos. Lo que muchos comensales no saben es que esas típicas preparaciones están hechas, en su mayoría, con maíz genéticamente modificado, fruto de la biotecnología agrícola. Sí, la misma que mediante un proceso en laboratorio modifica la semilla para hacerla más resistente a plagas o para aumentar su productividad.
Y es que el desayuno para los colombianos es muy importante, sobre todo los fines de semana: “Aquí en el pueblo cada ocho días hay un mercado indígena y hacemos chicha dulce y fuerte para tomar, muchas cosas hechas con maíz. Todos los días nos comemos la arepita y el mute preparados con el mismo maíz que sembramos, el transgénico, y nunca ha pasado nada, desde que haya maíz no hay hambre”, cuenta Arnulfo Cupitra Ortiz, campesino indígena del pueblo Pijao.
Arnulfo tiene 47 años y solo conoce una forma de subsistencia: la agricultura. “Desde los siete años estoy trabajando en el campo. A los 12 hice mi primera siembra, trabajaba con mi papá… un campesino como yo”, comenta Cupitra, mientras recuerda que “fue muy triste ver a mi papá trabajar y nunca tener ni siquiera un techo de zinc”. Eran seis hijos y les tocaba a todos dormir en una sola pieza. Su padre sembraba semilla nativa de maíz, principalmente, y la producción no alcanzaba para mantener a la familia en otras condiciones.
Como en muchas partes del mundo, los organismos genéticamente modificados (OGM) divagan entre odios y amores. Mientras políticos, científicos e industriales se pelean entre argumentos, los campesinos quedan en medio de un debate al que no han sido invitados y del cual son los directamente afectados.
En Colombia la vida podría cambiar para muchos campesinos que desde la década del año 2000 cultivan transgénicos, de ser aprobado un Proyecto de Acto Legislativo que propone “modificar el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia con el fin de prohibir el ingreso al país, así como la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas, en aras de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y agricultores a las semillas libres”.
Arnulfo, a quien desde pequeño le tocó ver cómo su gente perdía cultivos completos y terminaban llenos de deudas, respira profundo y explica: “Echábamos y echábamos veneno para controlar las plagas y no las podíamos controlar, nos tocaba manualmente coger todos los cogollos de las maticas, destaparlos cada uno, sacarles el gusano y matarlos para que pudiera seguir la matica en su curso”.
Como si se tratara de una aparición que los salvaría de esa pobreza, llegaron las semillas transgénicas a la vida de Arnulfo y de por lo menos 150 familias de su resguardo: “La vida nos cambió. Fue un salto inmenso. Ya no teníamos que deshierbar, podíamos reposar”, comenta este agricultor mientras sus manos gastadas por el trabajo dan testimonio de aquellas épocas “cuando llovía y nos tocaba, con ese terreno pesado, echar azadón en la tierra, salíamos muy cansados, era una cosa aterradora y escalofriante porque uno veía ese cultivo lleno de maleza; con el transgénico descansamos de ese trabajo tan berraco”.
El dilema de los agricultores
Por centurias la población de agricultores en Colombia ha estado integrada por campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas que, entre cantos y lágrimas, le aportan a la tierra sus tradiciones y creencias, las mismas que hoy los dividen entre el uso de la semilla manipulada genéticamente por el hombre o el de la semilla nativa, herencia de un conocimiento ancestral.
Por ejemplo, en el resguardo Palma Alta donde vive Arnulfo con sus cuatro hijos y su esposa, hay indígenas convencidos de los beneficios de la biotecnología agrícola; otros, como el exgobernador del resguardo Orlando Pamo, piensan que las semillas transgénicas son producto de “una tecnología de mercado tramposa y corruptora”. Así lo manifestó a cientos de kilómetros en Bogotá durante Audiencia Pública del Congreso de la República, donde afirmó: “Las comunidades nativas del pueblo Pijao apoyamos totalmente el Acto Legislativo que se está discutiendo”.
Pero ¿qué piensan otros agricultores no indígenas? Jairo Palma, representante de la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón), se declara defensor unánime de la tecnología y defiende los resultados de la semilla transgénica con el manejo de plagas: “Nosotros éramos plagueros y ahora que tenemos tecnología transgénica nos dedicamos a otras cosas. Antes teníamos que hacer unas 20 aplicaciones y hoy máximo cinco. Como agricultor de familia y agrónomo de formación yo manejo mejor 500 hectáreas de transgénicos y no 50 hectáreas convencionales. Y estoy más tranquilo”, asegura.
Este dirigente está convencido de que si al mundo le quitaran los transgénicos habría más hambre porque los inventarios de los granjeros estarían desabastecidos. También piensa en que ‘jugar a Dios’ puede tener consecuencias, pero sostiene que “las multinacionales no son tan tontas para ir a sacar algo malo y que después las vayan a crucificar”. Se calma asimismo cuando recuerda la cantidad de científicos que trabajan en la investigación con transgénicos y explica que definitivamente hay controles y hay agencias serias, como la FDA, que hacen seguimiento.
Si pequeños y medianos agricultores defienden la tecnología y algunos legisladores buscan su prohibición con el argumento de protegerlos y salvaguardar la soberanía alimentaria, ¿Quién tiene la razón? La ciencia tendría que desgranar los argumentos que validen las decisiones; pero, al parecer, la ciencia tampoco se pone de acuerdo.
Pulso entre la comunidad científica
En esta puja de argumentos y contraargumentos, el debate sobre la prohibición de OGM en Colombia movilizó a la comunidad científica y dejó entrever la polarización entre unos y otros mediante cartas dirigidas a representantes y senadores del Congreso de la República donde más de 200 científicos, académicos, expertos y agremiaciones expusieron sus razones y dejaron clara su posición.
Las cartas que rechazan el Proyecto de Acto Legislativo están firmadas por reconocidos científicos y académicos nacionales, incluidos algunos miembros de la Misión Internacional de Sabios, rectores y vicerrectores de universidades, quienes entre sus razones indican que: “El proyecto no mide los alcances que una prohibición como esta puede tener para el desarrollo científico, productivo y sostenible del país, así como para generación de instrumentos que protejan el medio ambiente”. La comunicación de este grupo hace alusión a la posición de los Premios Nóbel frente a los transgénicos.
En la otra cara de la moneda está la carta que apoya el Acto Legislativo firmada por más de cien científicos, agremiaciones y personas de otras ramas profesionales, que cuestionan los argumentos de las multinacionales para posicionar los OGM. Llama particularmente la atención que el 50% de los firmantes son científicos de otros países y presentan un “amplio análisis de estudios y evidencias científicas sobre los efectos adversos ambientales, socioeconómicos y en la salud asociados con los cultivos transgénicos en varias regiones del mundo y en Colombia”, cita la carta.
¿A quién creerle cuando las cartas a favor y en contra involucran a miembros de la comunidad científica? Si los investigadores no están de acuerdo en una posición, ¿qué pasará con los agricultores como Arnulfo que han vivido toda la vida de la agricultura? y si se prohíbe la importación de maíz transgénico, ¿cómo se abastecerá la demanda colombiana?
Hilando más fino sobre los OGM y el papel de la ciencia en este tipo de debates, Historias sin Fronteras contactó a Paul Chavarriaga, uno de los más reconocidos investigadores colombianos, líder del proyecto Plataforma de Transformación Genética de la Alianza Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), quien ante el cuestionamiento sobre qué pasará si se aprueba la prohibición, no duda en contestar que “es tirar por la borda años de investigación y recursos. Es darle paso a la ilegalidad en términos de transgénicos, como sucede en Bolivia, Perú y como lo fue Brasil”.
Ante este panorama, queda claro que los tomadores de decisión en Colombia deberán enfocarse menos en la política y más en la ciencia, como se esperaría para lograr la mejor y más informada decisión, pues cualquiera que sea el veredicto, las implicaciones para los agricultores colombianos son enormes.
Arnulfo, vestido con la camiseta amarilla de la Selección Colombia de Fútbol, que refleja su arraigo nacional, termina la entrevista preocupado, pues desconocía que probablemente no pueda volver a sembrar transgénicos: “¿Si aprueban esa ley nosotros qué haremos para ser competitivos y sacar adelante a nuestras familias?”, se pregunta este campesino indígena que vive de la tierra.
La política apoderada del debate
Colombia no podría cultivar semilla transgénica, pero los colombianos sí podrían consumir productos genéticamente modificados que entren al país legalmente. Así quedaría la ley de aprobarse la iniciativa presentada por el Representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas, quien con y 12 congresistas más, busca prohibir mediante Constitución Nacional el ingreso, producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas en Colombia.
De ser aprobada, sería una ley ‘coja’ porque Colombia no es autosuficiente para reemplazar algunos productos transgénicos que abastecen la despensa nacional. La investigación también estaría con las manos atadas para siquiera proponer una salida: “La prohibición es total, no habría excepciones y mucho menos siendo una reforma constitucional. No se podría producir material genéticamente modificado en Colombia”, explica Lozada, quien argumenta que “desgraciadamente la ciencia está presa de la productividad” y por ello los científicos colombianos no podrán investigar con OGM.
Pero en el Congreso de la República no todos comparten esta posición. Es el caso del congresista Gabriel Vallejo Chujfi, miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, quien indica que estos son temas de seguridad nacional por estar relacionados con la soberanía alimentaria. Asegura que “este tema desafortunadamente ha dejado de convertirse en una discusión científica, como debe ser, para ser una discusión netamente política, con un alto contenido de populismo”.
¿Y por qué llevarlo a rango constitucional? Para Vallejo esto podría ser reglamentado por la autoridad sanitaria. “Es muy grave que quieran prohibir la importación de semillas transgénicas y la producción nacional. Aquí tenemos hoy en día más de 14 centros de investigación mejorando genéticamente las semillas que cultivan nuestros agricultores. ¿Para qué? Para que el campo pueda generar riqueza… La prohibición generaría que haya contrabando de semillas y eso traería consecuencias muy graves para la agroindustria”, finaliza.
El Gobierno y la industria: ¿de la mano?
En entrevista con Historias sin Fronteras, Alfonso Alberto Rocero, ingeniero agrónomo con doctorado en Mantenimiento Genético de Plantas y director técnico de Semillas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), aseguró que “Colombia cuenta con un marco regulatorio robusto”. Y reconoció que hay muchas personas que están en contra de estos cultivos “por desconocimiento…El instituto no está ni en contra ni a favor de los OGM, pero vela porque los agricultores tengan alternativas de siembra”.
Frente a la propuesta que cursa en el Congreso para prohibir los cultivos transgénicos en el país, el funcionario del ICA piensa que “sería como retroceder en el tiempo”, porque ya Colombia tiene un camino recorrido y hasta la fecha no han tenido reporte de que estos cultivos tengan efectos adversos en la salud humana, en la salud animal o en la diversidad biológica.
Por su parte, María Andrea Uscátegui Clavijo, directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola (Agro-Bio), coincide con el directivo del ICA en que de aprobarse el Acto Legislativo “sería un retraso de 20 años”. Según ella, “se perdería toda la experiencia lograda, se limitaría a los agricultores a tecnologías obsoletas que no pueden darles los beneficios que hoy en día les dan los cultivos genéticamente modificados y se perderían de tener semillas mucho más resistentes que se pueden sembrar en suelos que antes no eran apropiados para la agricultura”.
En Colombia “hay científicos con mucha capacidad que son ejemplo para otros en el mundo”, comenta Uscátegui, quien en su reflexión asegura que, de aprobarse una nueva ley, hasta “los consumidores asumirían las consecuencias al no existir una producción estable de alimentos, en cambio, podemos tener precios accesibles al consumidor o alimentos con beneficios nutricionales que hoy en día no los tenemos en Colombia, pero seguro que van a llegar”, sostiene la directora de Agro-Bio, entidad que reúne a cuatro compañías multinacionales presentes en el mercado de semillas transgénicas en Colombia (Bayer, Syngenta, Basf y Corteva).
Próximo: ECUADOR: líder en el banano, frenado en la investigación (Tania Orbe)
Mundo Agropecuario tiene el placer de publicar por partes el reportaje transfronterizo Agricultura andina: la encrucijada de los transgénicos hecho por reconocidos periodistas científicos en el que exploran —de la mano de científicos, autoridades, políticos y agricultores— el dilema de la prohibición de los transgénicos en tres países de la región Andina: Colombia, Perú y Ecuador.
Este reportaje fue escrito por Ximena Serrano Gil (COL), Mara Brugés (COL), Daniel Meza (PE) y Tania Orbe (EC), y se logró gracias al apoyo de la organización de periodismo sin ánimo de lucro Inquire First a través de su proyecto Historias Sin Fronteras. Puede ser leído en su versión en inglés e interactiva aquí: https://www.transgenicosandinos.historiassinfronteras.com/colombia-en.html
