MOSTAZAL, Chile – La instalación de paneles fotovoltaicos para utilizar la energía solar en el riego de pequeños predios de agricultores se multiplica en Chile, porque baja los costos y optimiza el uso del agua, un recurso escaso.
Por Orlando Milesi
Chile, estrecho y alargado país sudamericano que va desde el norteño desierto de Atacama hasta la sureña Patagonia y desde la cordillera de los Andes hasta el océano Pacífico, es riquísimo en energías renovables, especialmente solar y eólica.
El año pasado, 36,6 % de su matriz eléctrica correspondió a Energías Renovables No Convencionales (ERNC) cuya generación en mayo de 2023 alcanzó a 2392 gigavatios hora (GWh) siendo 1190 del total de origen fotovoltaico.
Este explosivo desarrollo lo protagonizan especialmente grandes empresas que instalaron paneles solares en todo el territorio, incluido el desierto. El fenómeno también ha alcanzado a los pequeños agricultores que por todo este país sudamericano usan la energía solar.
En la agricultura familiar campesina la energía solar convertida en eléctrica es instalada con ayuda de recursos del estatal Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que promueve entre los pequeños agricultores y campesinos una producción sostenible de alimentos saludables, incorporando nuevas técnicas de riego.
Solo en 2020, el último año del que el instituto aporta datos, el Indap impulsó 206 nuevos proyectos de riego que incorporaron ERNC con una inversión que superó los 2,1 millones de dólares.
“Los paneles solares han sido una contribución inmensamente relevante para nuestro gasto energético. Sin ellos consumiríamos mucha electricidad”: Myriam Miller.
Ese año, de los proyectos financiados y ejecutados, 182 correspondieron al Programa de Riego Intrapredial, 17 al Programa de Riego de Obras Menores y siete al Programa de Riego Asociativo. La inversión incluye los paneles fotovoltaicos para sistemas de regadío.
En ese marco, se instalaron 2025 paneles fotovoltaicos con una capacidad instalada de 668 kilovatios, que produjeron 1002 megavatios hora y evitaron la emisión de 234 toneladas de dióxido de carbono.
Una experiencia en Mostazal
“Los paneles solares han sido una contribución inmensamente relevante para nuestro gasto energético. Sin ellos consumiríamos mucha electricidad”, dijo a IPS la agricultora Myriam Miller, de 50 años, en su predio en la comuna (municipio) de Mostazal, a 66 kilómetros al sur de Santiago, y donde en sus diferentes comunidades viven unas 54 000 personas.
La tierra de Miller tiene media hectárea, con una pequeña porción destinada a tres invernaderos con casi 1500 plantas de tomates. Otras plantas tomateras crecen en hileras al aire libre, incluyendo variedades ancestrales de tomates cuyas semillas trata de conservar como la “corazón de buey” y la del tomate rosado.
El Indap le financió con el equivalente a 7778 dólares para instalar en su predio los paneles solares. Mientras, ella y su esposo, Freddy Vargas, de 51 años, que explotan juntos su finca, aportaron 10 % del costo total.
En 2023, Miller y Vargas construyeron el tercer invernadero para multiplicar su producción, que venden en su propio terreno.
“Estamos produciendo alrededor de 8000 kilos de tomates por temporada. Este año vamos a superar esa meta. Estamos contentos porque avanzamos poco a poco y sacamos mejor producción cada año”, afirmó Miller mientras recogía tomates.
En el terreno colindante a las plantas tomateras, el matrimonio cultiva hortalizas, principalmente lechugas, unas 7000 al año, y también tiene árboles frutales.
Vargas precisó a IPS que necesitaban energía eléctrica para regar los invernaderos porque “a mano no es fácil”.
La finca cuenta con dos pozos donde acumulan unos 30 000 litros de agua que les llega, una vez por semana, desde un tranque ubicado a dos kilómetros. Esa es el agua que impulsan gracias a la energía hacia los invernaderos.
“Tenemos derechos de agua y para automatizarnos Indap nos proveyó los paneles solares y herramientas para tecnificar el riego. Nos entregaron cuatro paneles y nosotros hicimos una inversión adicional, con recursos propios, y pusimos seis”, detalló Vargas.
“La idea es que más gente pueda ir aprendiendo y darse cuenta de los beneficios que tiene una agricultura sustentable para su propia salud y para sus tierras que en unos años estarán imposibles por la fumigación desde los monocultivos”: Valentina Martínez.
El matrimonio consume entre 250 a 300 kilovatios mensuales y la energía sobrante que generan la inyectan a la red domiciliaria.
“No tenemos baterías de acumulación, que es más caro. Cada mes la compañía eléctrica nos envía una boleta (recibo) detallando el total de inyecciones y de consumo. Hacen un balance y pagamos la diferencia”, explicó Vargas.
El ahorro promedio en el costo del consumo es de 80 %.
“Hace años que no pago nada en el verano (austral). En el invierno gasto de 30 a 40 000 pesos (entre 33 y 44 dólares) pero solo pago entre 5000 a 10 000 pesos mensuales (de 5,5 a 11 dólares) gracias a la energía que genero¨, detalló el agricultor.
Más allá del ahorro, Miller subraya “el crecimiento personal y el aporte social con nuestros productos que van a hogares que requieren una alimentación más sana. Nos sentimos bien con contribuir al medioambiente”.
“Hay una red todavía pequeña de productores agroecológicos. Falta información a la población sobre qué estamos consumiendo”, añadió.
Además su producción de tomates es muy preciada. “La gente llega a buscarlos por el sabor que tienen y porque son muy jugosos. Cuando la gente los conoce, vuelven y los recomiendan boca a boca”, afirmó.
Miller está optimista y cree que en las comunas de Mostazal y la cercana Codegua los jóvenes están hoy interesados en contribuir con el planeta, producir su propia alimentación y vender los excedentes.
“Solo falta un poco de apoyo e interesarse más en los proyectos juveniles en la agricultura para hacer conciencia que así como uno cuida la tierra, esta también nos da”, aseveró.
La nueva generación sin pesticidas
Valentina Martínez, de 32 años, es ingeniera en medioambiente. Junto a su padre, Simón, de 75 años, son pequeños agricultores en la comuna de María Pinto, a 60 kilómetros al norte de Santiago. Ella tiene un terreno de 0,45 hectáreas y su padre uno de 0,35 hectáreas.
Ambos acaban de obtener un fondo del proyecto Transición a la Agricultura Sostenible (TAS), que funciona dentro del Indap, y están ilusionados con la producción sin fertilizantes agroquímicos y tratando de cumplir la meta para ganar otro préstamo mayor que les permita impulsar un invernadero y ampliar la producción de frutas y verduras en las dos fincas.
“Es un programa de dos años. En el primero se postula y te dan un incentivo de 450 000 pesos (500 dólares) enfocado a comprar tecnologías. A mí me toca invertir en plantas, árboles frutales, lombrices, envases para hacer preparados”, contó Valentina a IPS.
En el segundo año, dependiendo de los resultados del primero, se postularán a un fondo del equivalente 3900 dólares para cada parcela, a fin de invertir en los respectivos proyectos productivos.
“Este año junto con mi papá postularemos al tema de los paneles solares para mejorar el riego”, dijo Valentina, quien actualmente se dedica al cultivo en almácigos, los semilleros donde germinan las semillas hasta adquirir el tamaño adecuado para su trasplante al lugar definitivo para su crecimiento.
“A mi papá le gustó el tema de producir sin agroquímicos por el problema de las enfermedades”, contó sobre Simón, que tiene en su huerto con frutales y hortalizas.
En María Pinto hay 380 pequeños agricultores censados, pero deben ser unos 500. Otros 300 son agricultores con una producción mediana.
El resto del territorio está monopolizado por grandes empresas agrícolas dedicadas a monocultivos para la exportación. En su mayoría tienen árboles cítricos, paltos (aguacateros), cerezos y duraznos, además de algunos nogales. Todos con uso intenso de fertilizantes agroquímicos.
Chile exporta principalmente cobre y después hierro, pero también destaca por sus ventas de pescados, pulpa de celulosa y frutas. En 2023 exportó 2,3 millones de toneladas de frutas, producidas por grandes explotaciones y que aportaron 5041 millones de dólares. El sector agrícola representa 4,3 % de su producto interno bruto (PIB).
Por su parte, la agricultura familiar campesina cuenta con 260 000 pequeñas explotaciones, que suman 98 % de las unidades productivas del país, según la estatal Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).
Este sector familiar controla 40 % de los cultivos anuales y 22 % del total de la producción agrícola, siendo clave para la alimentación de los 19,7 millones de habitantes del país.
Valentina está ilusionada con el TAS y los encuentros que ha tenido con otros jóvenes campesinos.
“Es entretenido. Estamos todos en la misma línea e interesados por lo que hace el otro. Partimos en diciembre y enero y dura todo el año. Los jóvenes están aprendiendo agricultura sustentable y que hay más proyectos para postular”, explicó.
Cuenta que 15 jóvenes en María Pinto tienen proyectos con pistachos, frutales, huertos invernadero, huertos externos, cría de animales y huertos. Son todos distintos y tienen capacitaciones grupales e individuales.
Esa capacitación es aportada por Indap y por el Programa de Desarrollo Local (Prodesal), su representación comunal y la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu),
“La idea es que más gente pueda ir aprendiendo y darse cuenta de los beneficios que tiene una agricultura sustentable para su propia salud y para sus tierras que en unos años estarán imposibles por la fumigación desde los monocultivos”, aseveró.
Apunta a grandes empresarios que tienen paltos y brócolis que se reproducen hasta cuatro veces al año, los dos cultivos intensivos en el consumo de agua, incluso en laderas elevadas de los cerros.
“Necesitamos unirnos, hacerlo bien y más gente para crear una agrupación legal que llegue a otras partes y poder tramitar proyectos. Cuando uno existe como organización, también puede llegar a otros lados y decir ya no soy una, somos 15, somos 20, 100 y necesitamos esto”, concluyó.
